A comienzos del siglo XVIII, existieron algunas compañías que intervinieron en el comercio de las colonias españolas, como fue el caso de la Real Compañía de Guinea, empresa comercial de origen francés que vendía esclavos; y la Compañía de Asiento Inglés, que igualmente debía encargarse del abastecimiento de esclavos.

Estas empresas aprovecharon el asiento para contrabandear, lo cual perjudicó en gran medida los intereses económicos del gobierno metropolitano y del rey de España. En consecuencia, el comercio ilegal aumentó en forma alarmante, y fue necesario combatirlo.

Estas circunstancias dieron paso a la creación de la Real Compañía Guipuzcoana. Ésta fue constituida el 25 de septiembre de 1728, en virtud de una real cédula que expidió el rey Felipe V, para que existiera un comercio recíproco y exclusivo entre España y la provincia de Venezuela.

Operó desde 1730 hasta 1785, y tuvo gran influencia en el desarrollo económico, social y político de la colonia. Trabajó a base de acciones pertenecientes a capitalistas vascos, principalmente de la provincia de Guipúzcoa en el norte de España.

El contrato contemplaba que la empresa tendría el monopolio comercial con la provincia de Venezuela. Así, era la única que podía vender toda clase de mercancías importadas; e igualmente sólo ésta podía comprar los productos y llevarlos a España. Luego de abastecida la provincia de Venezuela, la compañía podía comerciar con las provincias de Cumaná, Margarita y Trinidad. Estaba facultada para llegar indistintamente a los puertos de La Guaira o Puerto Cabello, pero en España debía partir de Guipúzcoa y de regreso atracar en Cádiz.

Por otra parte, la Guipuzcoana debía vigilar las costas y perseguir el contrabando, desde las bocas del Orinoco hasta Río Hacha. Al menos uno de sus barcos debía recorrer continuamente el litoral. Además, estaban autorizados para apresar las naves contrabandistas y confiscar sus mercancías. En estos casos, les correspondería dos tercios de la venta.

El Rey le garantizó a la Compañía Guipuzcoana que ninguna otra persona o empresa recibiría permiso para intervenir en este comercio. No obstante, el contrato contó hasta 1742, con una cláusula que le reservaba a la corona española el derecho a hacer concesiones similares a otras corporaciones.

E1 15 de julio de 1730, zarparon del Puerto de Pasajes (Puerto de San Sebastian-Guipúzcoa) las tres primeras naves, con 86 cañones y 561 tripulantes. Llegaron a Puerto Cabello el 4 de septiembre.

El establecimiento de esta compañía significó un cambio profundo en el sistema de comercio tradicional de la provincia de Venezuela. Pues al tener monopolio del comercio entre España y la provincia, controlaba los precios de los bienes y los fijaba a su conveniencia, en perjuicio de los consumidores y de los productores locales. En suma, la Guipuzcoana estaba en condiciones de castigar cualquier violación. A raíz de esto, diversos sectores de la población (hacendados, comerciantes, contrabandistas y campesinos) rechazaron la permanencia de la empresa en tierras venezolanas. En un inicio la oposición fue legal y pacífica; pero después se tornó violenta.

Los hacendados y los mercaderes venezolanos se opusieron a través del Cabildo de Caracas, alegando que no sólo no les convenía, sino que tampoco se les había consultado la implementación de un negocio de tanta importancia.